El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado la demanda de inconstitucionalidad contra una ley que recorta las funciones e independencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Magistrados dejaron al voto un total de 12 causas, entre ellas las demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520, norma que modifica el consejo directivo de la Sunedu. Este fallo forma parte de la estrategia legal del Congreso para frenar la reforma universitaria.
La demanda de inconstitucionalidad (Exp. N.º 00008-2022-PI/TC), fue presentada por el 25% del número legal de congresistas contra el Congreso y el Ejecutivo, en la que cuestionan la Ley 31520, “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Norma que ellos mismos aprobaron.
A fin de detener la aplicación de esta norma, la Sunedu interpuso una demanda de amparo contra el Legislativo. Debido a ello, el 19 de julio de este año, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima ordenó la anulación de todo el procedimiento legislativo que condujo a la aprobación de la iniciativa en el Congreso.
Sin embargo, el Congreso publicó la ley en el diario El Peruano dos días después. Luego, de manera insólita, 33 congresistas presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que ellos mismos promulgaron.
Los congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú, esperaban que el TC no les dé la razón. Y así fue. El problema es que este inusual entramado legal implica un golpe a la reforma universitaria y a la Sunedu.
