A partir de la emisión de un reportaje en el programa dominical Punto Final, la Procuraduría presentó el 3 abril una denuncia contra la congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza para el Progreso (APP), por el delito contra la administración pública en la modalidad de extorsión por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.
Rosio Torres, habría obligado a sus trabajadores de su despacho congresal —con ayuda de su sobrino identificado como Juan Daniel Pérez Guerra— a entregar un tercio de sus salarios como “colaboración”. Este importe se incrementó en los meses en los que la legislatura efectuó el pago de gratificaciones y el bono de escolaridad.
Bajo esta modalidad, la parlamentaria de APP, habría cobrado miles de soles a sus trabajadores del Congreso a través de su sobrino. El reportaje reveló que los empleados depositaron dinero a sus cuentas bancarias en el BBVA e Interbank.
Uno de ellos es el caso de Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de Torres entre julio de 2021 y agosto del año pasado, periodo en el que realizó transferencias al sobrino de la congresista hasta por S/ 24.562.
APP retira a Rosio Torres de la Comisión de Ética
Asimismo, la bancada de APP, retiró a Torres Salinas de la Comisión de Ética y pidió una aclaración pública a la legisladora.
“A efectos de garantizar la independencia en las investigaciones, procedemos con el cambio de la congresista Rosio Torres, de la Comisión de Ética Parlamentaria”, señala en Twitter.
Rosio Torres realizó campaña para su esposo con sueldo del Congreso
En mayo de 2022, un programa dominical revelo que la parlamentaria Rosío Torres, contrató a dos personas para su oficina, quienes en realidad trabajaban para la campaña política de su esposo, Fernando Meléndez, candidato a gobernador de la región Loreto.
