El Tribunal Constitucional declaró el lunes 17 de julio inadmisible una denuncia contra el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por haber amenazado de muerte al entonces candidato presidencial Pedro Castillo en la campaña del 2021.
Esta decisión motivó a la oposición a señalar que se trata de una toma de los poderes e instituciones del Estado por parte del Congreso de mayoría conservadora, a través de la designación de autoridades con intereses afines.
La citada instancia judicial desestimó la denuncia presentada, ya que, en mayo de 2021, el actual alcalde, Rafael López Aliaga, profirió las amenazas en un mitin electoral contra Castillo, ganador en la contienda electoral.
Aliaga dijo “¡Muerte al comunismo, muerte a Castillo, muerte a Cerrón!”, este último el médico Vladímir Cerrón, líder de Perú Libre, partido del que fue candidato Pedro Castillo, actualmente encarcelado.
El Tribunal Constitucional consideró que estas declaraciones “no constituye la constatación irrefutable de una amenaza cierta e inminente de los derechos a la vida e integridad personal”.
Tras el incidente de 2021, el Tribunal de Honor Electoral criticó la amenaza del político de derechas, alegando que se había referido a una “muerte política”.
El Tribunal de Ética, dictaminó que “La instigación a la muerte, sin aclarar simultáneamente si se trata de una muerte real o política, durante los discursos públicos no solo socavan las bases de la democracia”.
“Además, generan un ambiente de intolerancia e incitación al odio y a eventuales acciones de violencia en la población”, agregó entonces esa instancia.
