La mayoría de los jóvenes fallecidos vivían en zonas de escasos recursos económicos, donde la presencia del Estado es nulo. No eran vecinos ni amigos. No se conocían; sin embargo, murieron por una sola causa durante las manifestaciones.
David.A.Q. y R.P.M.LL, dos escolares de Apurímac de tan solo 15 y 16 años, fueron de las primeras víctimas mortales de la represión que el gobierno de Dina Boluarte.
Miles de ciudadanos de las regiones como Ayacucho, Apurímac, Lima, Arequipa, Huancavelica, La Libertad, Junín, Ayacucho y entre otros, exigen el adelanto de elecciones y cierre del Congreso tras un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
En diez días de protestas, la represión policial y del ejército contra los manifestantes ha dejado como saldo de 27 fallecidos y más de 650 de heridos.
Este sábado 17 de diciembre, las calles de Quinua (Ayacucho) los pobladores entre lágrimas despedían a Clemer Rojas, un estudiante de 23 años que dejó la casa de sus padres el jueves para protestar contra la destitución del presidente Pedro Castillo y nunca regresó.
Entre la multitud había carteles que pedían el cierre del Congreso y denunciaban a la presidenta interina, Dina Boluarte, como una “asesina”.
“Mi hijo se va. Díganme que no se va”, se lamentaba Nilda García, una vendedora ambulante, mientras amigos y familiares luchaban por evitar que se cayera.
Historias similares, se repiten por cada vida pedida en estas manifestaciones. Sin embargo, el Congreso y el gobierno de Boluarte hacen oídos sordos al pedido de nuevas elecciones antes del 2023.
Video de la masacre en Ayacucho contra manifestantes
La presidenta, Dina Boluarte, calificó de terrorismo a las manifestaciones contra su gobierno, que se registran en el interior del país. “Eso ya no es protesta, eso es terrorismo, la verdad”, indicó desde el Hospital de la Policía, luego de escuchar el testimonio de un policía herido. Junto a ella estaban el ministro del Interior, César Cervantes, y el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.
Asimismo, en la última semana hasta el 14 de diciembre, al menos 140 efectivos policiales resultaron heridos en diferentes regiones, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).
Para frenar los actos de violencia y recuperar el orden interno y la continuidad de las actividades económicas, el Gobierno declaró en estado de emergencia en todo el país. La medida tendrá vigencia por 30 días calendario.
Según el secreto supremo N.º 143-2022-PCM. “La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
No se necesita ser muy intuitivo para entender que la salida de Castillo, sin cerrar el Congreso, provocaría esta reacción en masa que aún no se vista hasta ahora. Existen encuestas que permiten afirmar que hay un tercio de la población a favor de Castillo, contra todo cálculo político.
Pedro Castillo permanece detenido desde el pasado 7 de diciembre, hasta que el Poder Judicial decida su situación legal, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa del expresidente.
