El Ministerio Público solicitó este martes 28 de febrero, 36 meses de prisión preventiva contra el encarcelado expresidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización corrupta durante su Gobierno (2021-2022).
Este pedido fiscal será evaluado en una audiencia el próximo viernes 3 de marzo. También implica a los exministros de Castillo de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.
A través de Twitter, la Fiscalía detalló que el requerimiento contra Castillo corresponde “al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión (corrupción) y tráfico de influencias”.
Silva es acusado de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.
Prisión preventiva
Castillo Terrones permanece en prisión desde el 7 de diciembre de 2022, fue detenido tras un fallido autogolpe de Estado. El 16 de diciembre la justicia dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.
Ahora, la Fiscalía ha solicitado 36 meses de preventiva, por presuntamente encabezar una organización durante su Gobierno a obtener dinero a cambio de licitaciones públicas.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó luego que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario.
Inmunidad presidencial
Pedro Castillo Terrones ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.
¿Por qué Castillo está en prisión?, de qué acusa exactamente la Fiscalía
La denuncia presentada por la Fiscalía contra el exmandatario que aprobó el Legislativo recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder.
También por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado. Así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en San Martín. Además, en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
