Las restricciones de la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia ha disparado el precio del combustible y de los alimentos, agudizando el aumento del costo de la vida en las personas de bajos recursos económicos.
En agosto, México registró una inflación anual del 8.7%, la más alta en más de dos décadas, mientras que Chile cerró 2021 con una tasa de inflación del 7.2% (la más alta en 14 años), que no remitió hasta alcanzar el 13.3% interanual el pasado noviembre.
El aumento de los precios ha desatado protestas de sectores productivos, sindicatos y organizaciones políticas y ha obligado a los gobiernos a mejorar los salarios, subvencionar la energía y aumentar los subsidios para calmar el malestar social.
En junio, una revuelta indígena en Ecuador paralizó el país para exigir una reducción de los precios de la gasolina, mientras que Argentina es escenario de constantes protestas por parte de grupos de desempleados y trabajadores del sector informal, cuyos escasos ingresos siguen disminuyendo.
Sin embargo, en Uruguay, la subida de los precios ha obligado a los más pobres a recurrir a comedores populares organizados por las autoridades y los vecinos.
Según el Fondo Monetario Internacional, la región finalizaría este año con un alza en el índice de precios al consumidor de 14.6% respecto de 2021.
La tasa de inflación anual de Perú se ha mantenido en los últimos meses del año por encima del 8%, su nivel más alto en 24 años. Los alimentos básicos como el trigo, el arroz y el aceite de cocina han duplicado su precio.
Los que sufrirían más son Venezuela, con 220%; seguido por Argentina, con 95%, países donde esta distorsión se ha convertido en la regla desde hace mucho tiempo.
Siguen Chile, con 12.2%; Colombia, con 11%; Uruguay, con 8.9%; México, con 8.5%; Perú, con 6.8%; Brasil, con 6%; Bolivia, con 4.2%, y Ecuador, con 3.8%, según el informe Perspectivas Económicas para las Américas, publicado por el FMI en noviembre.
Algunos países, como Brasil, han conseguido frenar los precios en los últimos meses con políticas como la subida de los tipos de interés, se espera que la inflación en la región descienda hasta el 9.5% en 2023, una tasa todavía elevada.
La subida de los precios de los alimentos está afectando a los hogares más pobres y aumentando el hambre, advierte un informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos.
A su vez, la fuerte suba de los fertilizantes incidiría en un peor rendimiento de las cosechas.
Además, los salarios no se ajustan a la inflación, este año 1.8 millones de personas entrarán en la pobreza extrema, con lo que el total ascenderá a 81.8 millones en toda la región.
La CEPAL y Naciones Unidas han instado a los gobiernos a reactivar la asistencia estatal con programas de alimentación que se establecieron en escuelas y comedores populares durante la pandemia.
Más de siete millones de personas dependen de algún programa gubernamental de ayuda alimentaria en Venezuela, que experimenta una subida sostenida de los precios impulsada por la devaluación de su moneda tras varios meses de estabilidad.
En Cuba se vive uno de los escenarios más complejos, ya que se experimenta tanto un aumento del coste de la vida como una grave escasez de productos básicos. La inflación en la isla fue del 77.3% el año pasado.
Bolivia destaca en la región, cuya baja tasa de inflación se debe en parte a las subvenciones al precio de los combustibles y al tipo de cambio fijo del dólar frente al peso boliviano. La contrapartida ha sido la pérdida de reservas internacionales y el aumento del endeudamiento.
Según cálculos del gobierno y el FMI, se prevé que ese país cierre 2022 con una inflación de entre 3.2% y 4.2%.
