La presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró el martes 6 de junio ante la fiscal general Patricia Benavides.
A Boluarte se le investiga por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves cometidos durante las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 60 muertos en tres meses.
La oficina presidencial informó que la mandataria culminó la diligencia que duró unas tres horas.
Carlos Rivera, defensor de los familiares de las víctimas, reveló que la presidenta Boluarte no respondió a las preguntas de los abogados de las víctimas ni de la propia Procuraduría.
Los agentes de la Policía Nacional impidieron a los reporteros realizar su trabajo periodístico y no se pudo registrar su llegada, a pesar de las exigencias de los medios.
Un grupo de ciudadanos le gritó “asesina”, otros llevaban carteles con frases como “no más muertos”.
Antes de iniciarse el interrogatorio, su abogado Joseph Campos declaró a la prensa que Boluarte no utilizaría “el silencio como medio de defensa”, sino que respondería a las preguntas de los investigadores.
Boluarte fue citada en enero, febrero y marzo, pero hasta ahora no había declarado. Otárola fue interrogado en enero y febrero en la misma investigación. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios.
Muertes en protesta
Las protestas contra el gobierno de Boluarte dejaron 67 muertos y más de 1.300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos eran civiles y la mayoría recibió impactos de armas de fuego.
En Perú el genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre tras la caída de Pedro Castillo, por intentar disolver el Parlamento. Castillo fue destituido y cumple una prisión preventiva de 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para presidentes en Lima.
Según la más reciente encuesta de mayo de la firma Ipsos Perú, el 75% de los consultados desaprueba a Boluarte.
