La Fiscalía de la Nación, por intermedio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha interpuesto una denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León Romero. Esta acción judicial la señala como presunta responsable del delito de tráfico de influencias agravado en su condición de funcionaria pública.
Detalles de la denuncia
De acuerdo con las investigaciones, Luciana León habría ofrecido sus servicios de intercesión mediante su asistente y de manera directa, ante funcionarios de distintas instituciones públicas y miembros del Partido Aprista Peruano. Estas gestiones, realizadas entre 2018 y 2019, tendrían como finalidad obtener beneficios económicos para sí misma.
En junio de 2023, el Pleno del Congreso aprobó una resolución legislativa que permitió la formación de una causa penal contra la exlegisladora. A León Romero es acusada por presunta autora de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso, perjudicando al Estado.
Acusaciones
La excongresista habría direccionado recursos a favor de la Municipalidad de La Victoria para financiar proyectos de infraestructura entre 2017 y 2018. Para lograrlo, habría realizado gestiones ante funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Así, logró favorecer a consorcios o empresas ligadas a Alexander Peña Quispe, identificado como el presunto cabecilla de la organización criminal “Los intocables ediles de La Victoria”. Este grupo delictivo habría operado para direccionar la ejecución de obras públicas, generando perjuicio al Estado y beneficios personales para los implicados.
