El año 2024 tuvo lugar con más de 2,000 asesinatos registrados en Perú, según datos proporcionados por el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF). Este alarmante número representa un incremento del 34% en comparación con el año 2023, marcando uno de los índices de criminalidad más altos en la última década.
Causas del incremento de la violencia
Según el especialista en seguridad y exministro del Interior, Dimitri Senmanche, la inseguridad es el resultado de varios factores:
- Migración ilegal sin control adecuado.
- Fallas en las instituciones clave como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.
- Corrupción que favorece la impunidad.
“Cuando no hay acceso a la justicia, la violencia y los delitos aumentan. Si un delincuente sabe que no enfrentará consecuencias, continuará y escalará sus actos criminales”, advirtió Senmanche.
Estado de emergencia: ¿una solución Insuficiente?
En respuesta a la creciente inseguridad, la presidenta Dina Boluarte extendió a finales de noviembre de 2024 el estado de emergencia por 45 días en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao.
Sin embargo, esta medida ha generado debates. Según Senmanche:
“El estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, es solo una herramienta. Para que sea efectivo, el sistema de justicia debe funcionar. Si el sistema falla, la emergencia no sirve de nada.”
Zonas críticas y población afectada
Los distritos más afectados por la criminalidad incluyen:
- San Juan de Lurigancho
- Comas
- Ate Vitarte
- Callao Cercado
Estas áreas concentran altos índices de delitos violentos, como asaltos a mano armada, extorsiones y homicidios.
Medidas a largo plazo
Expertos en seguridad han recomendado priorizar:
- Fortalecimiento de instituciones clave para garantizar procesos judiciales más efectivos.
- Reforma en la Policía Nacional para mejorar su capacidad operativa.
- Control migratorio estricto para evitar la proliferación de bandas delictivas internacionales.
Finalmente, la creciente criminalidad en Perú durante 2024 es un reflejo de fallas sistémicas y desafíos sociales que requieren soluciones estructurales. Aunque el estado de emergencia busca ser una medida paliativa, su impacto depende de la eficacia del sistema judicial y policial.
El camino hacia un país más seguro demanda esfuerzos conjuntos entre las autoridades, la sociedad civil y las instituciones.
