La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció una reorganización importante en el Ministerio Público mediante la Resolución N.º 916-2024-MP-FN. Rafael Vela Barba dejó de ser el encargado nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. Vela había ocupado este cargo desde 2015, salvo una breve suspensión en noviembre de 2023, cuando la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público lo apartó temporalmente, siendo restituido en febrero de 2024.
Trayectoria de Rafael Vela
Rafael Vela fue designado inicialmente como coordinador en 2015 por el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En ese momento, reemplazó a Delia Espinoza, quien ocupaba el cargo hasta que su nombre apareció en una agenda incautada al expresidente de Alianza Lima, Guillermo “Pocho” Alarcón, vinculado al Caso Rodolfo Orellana.
Aunque Vela ya no será coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, seguirá liderando el Equipo Especial Lava Jato, un puesto que ejerce desde 2017. La resolución publicada no menciona cambios en esta responsabilidad.
Nuevas designaciones en el Ministerio Público
Delia Espinoza también concluyó las designaciones de Vanessa Milagros Díaz Ramos como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de la coordinación en Lima, y de Elma Sonia Vergara Cabrera como coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio.
En su lugar, se nombró a Mirko Dino Cano Gamero como coordinador nacional de las siguientes áreas:
- Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.
- Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
- Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio.
- Coordinación en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Cano Gamero tiene experiencia como fiscal superior provincial del distrito fiscal del Callao y de la Sexta Fiscalía Superior Penal del Callao (2019-2024). Además, en 2024, se desempeñó como fiscal provincial titular penal en Trujillo.
La decisión de reorganizar las fiscalías ocurre mientras Elizabeth Peralta, fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, enfrenta una investigación en el Caso Chibolín. Se presume que Peralta recibió pagos irregulares para cerrar casos y abrir otros.
