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| Pedro Castillo solicitó se acoja habeas corpus y se ordene su libertad inmediata. |
El exmandatario indicó que el Ministerio Público se ha ensañado con él y solicitó se deje sin efecto y se declare nulo todos los procedimientos judiciales, administrativos y actos posteriores a su detención.
“Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional”, dijo Castillo.
Ante el pleno del TC, Castillo Terrores afirmó que fue detenido bajo el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia el 7 de diciembre de 2022. Afirmó que solo llevaba a su familia a la embajada de México para poner a salvo a sus hijos y esposa. Luego de ello, señaló, regresaría al Palacio de Gobierno.
He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, dijo Pedro Castillo.
“El día de hoy es de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno”, indicó.
Cabe precisar que Castillo Terrones presentó en el marco de una audiencia ante el TC para evaluar un recurso de hábeas corpus para buscar su libertad presentado por su defensa legal.
¿Qué solicita la defensa de Pedro Castillo?
Por su parte, la defensa del exmandatario, Eduardo Pachas, solicitó que se declare la nulidad de la sentencia de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe. La libertad inmediata de Castillo y restituir “al estado anterior” a su detención, para que pueda ejercer nuevamente la presidencia en el período 2021-2026.
¿La detención de Pedro Castillo Terrones fue legítima?
Al respecto, representantes de la Fiscalía señalaron que la detención del exmandatario es legítima, puesto que el 7 de diciembre de 2022, Castillo emitió un discurso que atentó contra el orden constitucional. Además, intentó huir del país, razón por la cual debe permanecer en prisión preventiva.
Por otro lado, la Corte Suprema ha ratificado la decisión de imponer a Castillo otra medida de prisión preventiva de 36 meses. A esto se suma a la orden de prisión preventiva de 18 meses por el fallido autogolpe, por presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias.
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