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| En Lima, un grupo de ciudadanos pide “que se vayan todos” tras la nueva crisis política. |
Diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos o el grupo feminista Manuela Ramos, tomaron las calles con pancartas, banderas y tambores para protestar contra la Fiscal General, Patricia Benavides, involucrada en una red de corrupción integrada por sus asesores más cercanos.
La marcha pacífica se dirigió hacia el Palacio de Justicia, la Fiscalía General y, por último, el Congreso.
Al lugar de la marcha asistió la congresista Flor Pablo, quien declaró a Epicentro TV que es “realmente dramático, una situación que agudiza la crisis con todo lo que se ha destapado a nivel de la fiscal de la nación, toda esa red de corrupción que se tiene que investigar”.
“Lamentablemente, hay un pacto por la impunidad entre el Congreso, la fiscalía de la Nación en sus funcionarios, el Ejecutivo, y creo que es importante toda manifestación ciudadana pacífica, que levante la voz y le diga a estas malas autoridades que estamos cansados”, enfatizo.
¿Cómo inició la crisis política?
El pasado lunes, el equipo especial de Eficcop, la Diviac, realizaron arrestos y allanamientos en domicilios y oficinas de asesores y ex asesores del Fiscal General, en el marco de la investigación de una presunta organización criminal “dentro de la cúpula del Ministerio Público”.
Dicha organización es acusada de “influir ilícitamente en las decisiones de los congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el nombramiento del actual Defensor del Pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
Tan pronto se conoció la investigación, Benavides destituyó a Marita Barreto de su cargo como coordinadora de Eficcop y aseguró luego que era “una torpeza” tratar de bloquear las investigaciones contra los máximos representantes del Gobierno por las muertes ocurridas durante las protestas que tuvieron lugar de diciembre a marzo del 2022.
Ante ello, de inmediato interpuso una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
A raíz del hecho, Boluarte señaló que la decisión del fiscal era una “despreciable maniobra política” con la que pretende “distraer la atención” de la opinión pública de las investigaciones en su contra.
Ante las denuncias, la fiscal de la Nación acudirá el miércoles a una audiencia convocada por la JNJ, la cual tiene la facultad de destituirla del cargo debido a las acusaciones y pruebas presentadas en su contra.
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