Autoridades entierraron en secreto a víctimas del coronavirus en Loreto

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Cementerio Covid clandestino Loreto
Familiares de personas fallecidas por Covid-19 se reúnen junto a una fosa común clandestina en las afueras de Iquitos. (Noticias El Nacional)

Los familiares de los fallecidos se enteraron meses después

Hace casi un año, su esposo Herman Wong y centenares de fallecidos por Covid-19 fueron enterrados en secreto en un descampado de Iquitos, en Loreto.

Cuando Adriana Wong ingresó a un campo de tierra roja rodeado de árboles en la Amazonía. No tenía la seguridad sobre la ubicación de la tumba de su padre.

“¿Estás segura de que mi papá está ahí?”, preguntó la niña de nueve años a su madre. Glendy Hernández aún no tiene una respuesta.

Las autoridades aprobaron las inhumaciones, pero nunca avisaron a los familiares quienes creían que los muertos estaban en un cementerio local.

Meses después descubrieron la verdad.

Las autoridades locales ocultan el destino de decenas de víctimas del SARS-CoV-2 y nadie ha explicado por qué se realizaron de forma clandestina. El gobierno regional no respondió sobre esta denuncia, informó la agencia AP.

Familiares de las víctimas dijeron que al menos 403 fueron enterrados en aquel lugar.

Loreto fue una de las regiones más azotadas por el Covid-19 en 2020. Al momento han muerto más de 52.000 en el Perú, de ellos 3.200 en Iquitos, que cuenta con 550.000 habitantes.

Los pacientes morían sin recibir ayuda por la falta de médicos y enfermeras no tenían medicinas, ni oxígeno, ni capacidad disponible para ayudar a los enfermos.

Adriana odia la lluvia porque le recuerda la madrugada del 30 de abril cuando vio por última vez a su padre. Tras el fallecimiento de su padre, un médico le dijo que fuera al día siguiente para llevarse el cuerpo de su esposo.

Esperó por horas en vano con un ataúd hasta que un trabajador sanitario le dijo que Herman Wong ya había sido enterrado en el cementerio San Juan, ubicado a 18 kilómetros, inaccesible en ese momento porque el Perú estaba en cuarentena por 106 días para evitar la expansión del virus.

Cientos de deudos escucharon lo mismo: sus muertos estaban en el cementerio de San Juan, fundado en 2017 y que cuenta con capilla, estacionamiento, muros y vigilancia.

En marzo, el gobierno ordenó cremar a todos los fallecidos por el virus, en una de las más estrictas normas de su tipo en Latinoamérica. Pero ante el colapso de varios hornos crematorios, se modificó la norma en abril permitiendo los entierros y que al menos cinco familiares pudieran asistir.

Pero el 1 de junio la portada del diario La Región removió Iquitos: “Muertos sin nombre y sin tumba propia”, se leía en el titular.

La historia citaba a un anónimo residente que dijo que al menos 330 cadáveres de fallecidos por Covid-19 habían sido enterrados presuntamente en una fosa común cerca del cementerio de San Juan.

Al día siguiente, cerca de 500 familiares, entre ellas Hernández, llegaron hasta el descampado donde supuestamente estaban enterrados sus esposos, esposas, hermanos, hermanas e hijos.

El lugar estaba encharcado por la lluvia, pese a eso protestaron por los cadáveres.

“Nos dimos cuenta de que nos habían mentido”, dijo Glendy, la mamá de Adriana.

“Les da vergüenza que se conozca el desastre, el desorden, la falta de humanidad con que han enterrado a nuestros seres queridos”, dijo Patricia Cárdenas, cuyo abuelo Antenor Mozombite, de 80 años, también fue enterrado sin permiso de su familia.

El gobierno sigue en silencio, pero los deudos continúan acudiendo al descampado.

Hugo Torres, un vigilante del lugar, relata que ayudó a descargar los cuerpos de un camión de la Marina de Guerra y a colocarlos en los huecos excavados sobre la tierra rojiza.

“Enterrábamos a 30, 40, un día a 50, los muertos estaban en bolsas negras, entre cuatro agarrábamos de cada punta, si pesaba más lo cargábamos entre seis”, aseguró el hombre de 42 años.

Se excavaban tumbas donde depositaban a tres personas. Luego, cuando comenzaron a aumentar los muertos, un tractor realizó excavaciones en forma de rectángulos de más de 15 metros de largo por tres metros de ancho y dentro colocaban los cadáveres en dos filas, comentó.

La agencia internacional habló con otras tres personas que confirmaron el relato de Torres, incluida una que participó en la operación con él. Todos prefirieron no ser citados.

Diez días después de conocida la historia, el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, firmó un documento comprometiéndose a exhumar los cuerpos. Nueve meses después, no ha ocurrido nada.

Ochoa, dijo a una comisión en el Parlamento que no se trataba de una fosa común, sino de un nuevo “cementerio Covid” construido en cuatro días porque “de la noche a la mañana el crecimiento de los fallecidos fue violento”.

Aseguró que había una lista de los lugares donde se había colocado cada cuerpo, y que las autoridades tenían la intención de dar la información a las familias.

Ochoa, no explicó por qué se había enterrado de forma clandestina, mintiendo a los deudos y rompiendo la ley.

El lugar de entierro es más grande que cuatro campos de fútbol y cuando se descubrió por primera vez, el terreno había sido aplanado, sin dejar señales de que hubiera cuerpos debajo.

Durante semanas, los deudos acudieron a colocar cruces donde creían que estaban enterrados sus seres queridos, pero varios están confundidos sobre el lugar preciso donde se encuentran.

Joaquín García, un contador de 32 años, dice que primero le aseguraron que estaba en un lugar marcado como D24, pero días después le dijeron que la ubicación correcta era D22. “O sea, ¿los muertos han caminado?”, preguntó.

A Robert Lecca, administrador de 23 años, le comentaron que su progenitor estaba en la fila D34, pero luego descubrió en un mapa elaborado por las autoridades que estaba en la fila D38.

Las familias demandaron al gobierno local para obligarles a recuperar los restos, pero un juez falló a favor de las autoridades, diciendo que la ley establece la exhumación un año y un día después del entierro.

Las familias han apelado la sentencia porque la norma fue modificada en 2018 y sí es posible la exhumación, según el abogado de los deudos Pedro Casuso.

En medio de la disputa legal, algunas familias van todos los sábados a visitar a sus muertos.

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