Ministra de Economía y Finanzas sustentó propuesta del Ejecutivo que busca facilitar el pago de deudas.
La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, afirmó este viernes (02.10.2020) que el proyecto de Ley que presentó el Ejecutivo al Congreso mediante el cual se busca facilitar el pago de los deudores a las entidades del sistema financiero, plantea flexibilidades en los cronogramas, así como establecimiento de menores tasas de interés.
Alva sustentó esta iniciativa legislativa ante el Parlamento, la cual está focalizada en los sectores más necesitados y busca que las personas y emprendedores sigan incluidos en el sistema financiero, a fin de que puedan acceder al capital que requieren para impulsar sus negocios.
La titular del MEF sostuvo que actualmente, el 75% de las personas y empresas que reprogramaron sus créditos durante la pandemia ya están cumpliendo con el pago de estas obligaciones crediticias.
"Sin embargo, reconocemos que hay ciudadanos que requieren cierta flexibilidad para cumplir con los cronogramas de pago y, especialmente, con las tasas de interés. Se trata de un grupo vulnerable y a ellos está dirigido este proyecto", manifestó.
Según Alva, el programa diseñado por el MEF, en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR) está dirigido a tres tipos de deudores (créditos de consumo, créditos hipotecarios, y las micro y pequeñas empresas) y tiene como objetivo mantener la estabilidad del sistema financiero.
En ese sentido, explicó que el Estado dará un aval parcial a las entidades financieras, siempre y cuando cumplan con reprogramar los plazos y reduzcan el costo financiero para los clientes en al menos 20%.
"A cambio de reprogramar los plazos y de reducir el costo financiero para los clientes, el Estado les ofrecerá una garantía parcial en caso haya potenciales pérdidas por el no pago oportuno de las deudas", aseveró.
La reprogramación del crédito contará con garantía del BCR e incluye a las obligaciones crediticias con las empresas del sistema financiero siempre que, al 29 de febrero de este año, los beneficiarios hayan registrado una calificación de riesgo normal o con problema potencial en los créditos de consumo, personales, hipotecarios, vehiculares y todo tipo de tarjeta de crédito que permita la disponibilidad de dinero en efectivo o la compra de producto o servicio.
