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| Las modificaciones fueron hechas por el presidente de la comisión, Edgar Alarcón. |
El Pleno del Congreso de la República aprobó este lunes (24.08.220) un texto sustitutorio que excluye a los funcionarios públicos de ser sancionados en caso mientan u omitan información en la presentación de su declaración jurada de intereses.
Dicho texto deroga el Decreto de Urgencia 020-2019, mediante el cual el Poder Ejecutivo estableció que todos los altos funcionarios públicos deberían presentar una declaración jurada de intereses en una plataforma habilitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y modificado por esta norma, incluían infracciones administrativas y sanciones.
El autor del proyecto original es el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, de la bancada de Somos Perú, y las modificaciones fueron hechas por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón.
Alarcón es el rey de las distorsiones en materia de declaración de intereses, sus declaraciones patrimoniales fueron variando muchas veces cuando fue Contralor General de la República, señaló a un medio local, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán.
En la norma se eliminó el artículo que consideraba como infracción administrativa el incumplimiento en la presentación o la omisión de información que debe constar en la declaración jurada de intereses y se considera como infracción grave y muy grave.
Al respecto, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró como un retroceso haber eliminado las sanciones para los funcionarios públicos que no presenten u omitan información en su declaración jurada de intereses del proyecto de ley aprobado en el Congreso que faculta a la Contraloría para el control y fiscalización de este documento.
"El Congreso estaba discutiendo una versión que tenía un artículo con sanciones, en un momento del debate se introdujo una versión que elimina ese artículo y eso fue lo que se aprobó, es un retroceso también en ese sentido", dijo a la agencia Andina.
Es lamentable la decisión del pleno del Congreso, porque la declaración jurada de intereses permite que la ciudadanía pueda conocer a qué intereses responden los funcionarios públicos que deciden sobre determinados temas, comentó.
"Si un funcionario público miente, oculta una relación que tuvo antes, afecta el proceso de toma de decisiones y si por eso no le corresponderá una sanción administrativa, lo que va a reinar es la impunidad", puntualizó Rotta.
Sostuvo que a lo largo de estos años se han visto como una práctica sistemática que varias autoridades, omisiones o no digan la verdad en la presentación de documentos como la hoja de vida y la declaración patrimonial, por lo que resulta incompresible que se haya eliminado las sanciones en el caso de las declaraciones juradas de intereses.
Rotta precisó que el Ejecutivo debería observar esta norma para que vuelva a ser discutida en el Congreso.
Cabe mencionar que el Pleno del Congreso aprobó con 122 votos a favor (en primera votación y exoneró de la segunda) el dictamen de los proyectos de ley que proponen facultar a la Contraloría para el control, fiscalización y sanción respecto de la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.
