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| Más de 400 municipios en las zonas más afectadas del país por la Ccovid-19 no han hecho uso del presupuesto otorgado por el Ejecutivo. |
Un total de 411 municipalidades en diversos departamentos del país no han ejecutado el presupuesto que el Gobierno para comprar y entregar productos de primera necesidad a familias de los hogares con mayores niveles de pobreza durante la cuarentena por la cuarentena (Covid-19).
La Defensoría del Pueblo, detalló en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se verificaron la ejecución presupuestal de 856 gobiernos locales de los departamentos de Lima, Callao, Lambayeque, Loreto, Piura, La Libertad, Áncash, Cusco, Arequipa, Ica, Tumbes y Junín y descubrieron que 411 municipios no ejecutaron los fondos entregados.
En Lima Metropolitana, los gobiernos locales recibieron la mayor cantidad de recursos para la adquisición y distribución de la canasta básica familiar, pero que no adquirieron los productos. Precisaron que Comas, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Carabayllo, además de Callao Cercado y Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao recibieron entre 1 y 2 millones de soles.
También indicaron que en las 12 regiones con los casos más altos del Covid-19, el monto utilizado por los municipios representa solo el 37% del total recibido, lo que equivale a S/45 millones de S/121 millones, con lo cual S/76 millones no han sido ejecutados al 17 de abril de 2020; es decir, 33 días después de iniciada la cuarentena.
El Defensor del Pueblo consideró preocupante esta situación, ya que daría lugar a demoras en la adquisición y distribución de la canasta básica de alimentos de la familia en favor de la población pobre, cuyas actividades diarias tuvieron que suspenderse debido a la emergencia sanitaria.
En este sentido, instaron a los gobiernos locales a implementar el presupuesto transferido de manera rápida, efectiva y transparente, ya que consideraron que es responsabilidad de los alcaldes hacer un uso eficiente de los recursos, asegurando la entrega oportuna de bienes esenciales a la población vulnerable.
