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| El personal docente o administrativo será separado preventivamente de su cargo cuando tenga denuncia ante Policía Nacional o el Ministerio Público. |
El Ministerio de Educación (Minedu) estableció las disposiciones que deben cumplir las instituciones educativas para la separación definitiva o preventiva del personal docente o administrativo a causa de cualquiera de los delitos previstos en la Ley 29988, modificada por el Decreto de Urgencia N° 019-2019.
Según el reglamento publicado este jueves (13.02.2020) por el Minedu, la separación definitiva procede de manera automática para las personas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en la ley. Las instituciones tienen un plazo de 48 horas para emitir el acto correspondiente.
En tanto, la separación preventiva inicia cuando el personal docente o administrativo es detenido en flagrancia, denunciado o procesado por la presunta comisión de alguno de los delitos.
La medida, que se materializa con una resolución emitida dentro de las 48 horas de conocidos los hechos, culmina con el archivo de la denuncia o la conclusión del proceso judicial.
En el sector público, las personas separadas preventivamente son reasignadas a otra plaza donde no tienen contacto con los estudiantes, manteniendo su remuneración mientras prestan servicios. En el sector privado, se aplica la suspensión perfecta del trabajo.
El reglamento se aplica en casos de gestión educativa descentralizada, así como en organismos e instituciones públicas o privadas que realizan actividades permanentes o temporales relacionadas con la educación, la formación y la formación sobre cualquier tema, incluidos los campos deportivos, artísticos y culturales.
Alcanza a los centros académicos de las Fuerzas Armados y Policía Nacional del Perú, a las universidades públicas y privadas, a las escuelas de posgrado y a los centros preuniversitarios
Las personas condenadas por los delitos previstos en la ley están inhabilitadas para ingresar o reingresar al servicio educativo en cualquiera de los ámbitos señalados.
El Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, en su calidad de órganos supervisores, realizan un cotejo semestral de su personal y remiten la lista al Poder Judicial para la verificación de las personas que tienen condena consentida y ejecutoriada.
La lista será compartida en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), a fin de que las instancias correspondientes realicen la verificación previa a la contratación del personal docente o administrativo.
También, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos; y violación de la intimidad mediante la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual.
